La Ley de Delitos Ambientales de Colombia, firmada por el presidente Iván Duque, declara la deforestación como un delito penado.
Ya existían leyes para castigar delitos ambientales en la nación colombiana que penaban los daños a los recursos naturales, el ecocidio, la caza y la pesca ilegal, el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y la contaminación ambiental. Sin embargo, es ahora que la ley considera a la deforestación como un delito penado gracias a la ley de delitos ambientales que recientemente ha entrado en vigor.
Que la nueva ley, firmada en Leticia, capital del departamento colombiano de Amazonas, incluyera a la deforestación como otro delito penado, viene a ser la solución a una omisión que ha convertido la pérdida de bosques en un gran problema ambiental en el país.
Así lo confirma la cifra más reciente entregada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el 2020, año en que la deforestación en el país alcanzó las 171 685 hectáreas, un 8 % más que en 2019.
Esta nueva ley de delitos ambientales decreta para la deforestación, una penalización de hasta 15 años de cárcel. También establece otros cinco nuevos delitos ambientales como promoción y financiación de la deforestación, tráfico de fauna, apropiación ilegal de los baldíos de la nación, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y la financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Además, la ley endurece las penas y sanciones para otros delitos ya existentes. El presidente Iván Duque calificó esta nueva ley como una de las más importantes reformas judiciales en materia ambiental desde la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio de Ambiente. La ley vino a ser una revisión al código penal (ley 599 del 2000) que en su título de delitos ambientales ahora incluye nuevos delitos contra el medio ambiente con la deforestación como un delito penado más.
“Podemos empezar a defender nuestros bosques y áreas protegidas de la deforestación. He tenido la fortuna de trabajar en el parque Chiribiquete y es preocupante cómo va aumentando la deforestación allí. Tener hoy una herramienta jurídica que permita sancionar es muy importante”.
comentó el biólogo Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, al respecto de la ley.
Brigitte Baptiste, exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actual rectora de la Universidad EAN declara que esta ley se complementa con una normativa que impulsa una manera distinta de valorar el bosque en pie.
Se trata del decreto 690 de 2021 que establece los pasos para hacer uso sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables en el país.
“Sin una norma de aprovechamiento de recursos no maderables hubiera sido muy difícil darle valor al bosque. Esta visión integral de la gestión forestal tiene que perdurar y hay que fortalecerla”
dijo Brigitte Baptiste.
Cada uno de los cinco nuevos delitos ambientales comparten la categoría de delito penado, como una forma de contrarrestar el acaparamiento de tierras en Colombia, factor que es el fondo del problema de la deforestación.
“Quienes financian la deforestación y el acaparamiento de baldíos tendrán consecuencias penales y pecuniarias de enormes proporciones. Eso tiene que quedarle claro a esas bandas criminales que hoy pagan entre 3 y 5 millones de pesos por hectárea deforestada para dárselas a los acaparadores de tierra que tienen el músculo financiero para arrasar, por ejemplo, con más de 10 000 hectáreas en Mapiripán”.
ha dicho el congresista Juan Carlos Losada, quien lideró el proceso de sanción de la ley.
La creación de estos nuevos delitos también le otorga herramientas a la Fiscalía para que judicialice a los encargados de degradar los ecosistemas, aumenta las penas e impide que quienes incurran en ellas puedan abrir negocios o crear empresas.
Además, la nueva ley también le da un lugar importante al tráfico de fauna silvestre, con al menos la incautación de 35 000 animales al año en promedio.
“Esta ley no solo condena y sanciona la deforestación sino que quien la financie y patrocine tiene una pena más drástica. Además, se logra que los delitos ambientales no sean excarcelables”.
declaró el presidente Iván Duque.
Pese a que la firma de la ley se considera un gran logro, todavía requiere de algunas revisiones que la mejoren, pues algunas disposiciones fueron pasadas por alto. Uno de los borradores anteriores de la ley permitía la incautación del mercurio y penalizaba su tenencia y transporte, pero en discusiones posteriores el punto salió del proyecto. Sin embargo, vale la pena celebrar el avance que se ha hecho al declarar a uno de los peores flagelos contra la naturaleza como delito penado.
FUENTE: Mongabay.
