Bruselas aprueba un proyecto de directiva que endurece la vigilancia y las sanciones sobre crímenes medioambientales que en general son impunes.
La Comisión Europea ha aprobado un proyecto de directiva que amplía el listado de crímenes medioambientales y prevé la imposición de sanciones más duras, incluidas fuertes penalizaciones económicas para empresas infractoras y de prisión de al menos 10 años para personas condenas por hechos más graves.
La directiva anhela reforzar la protección de la naturaleza y el medio ambiente y garantizar que en todos los países se imponen penas disuasorias suficientemente rigurosas para evitar, sobre todo, los daños deliberados o por negligencias. El proyecto de directiva establece nuevas categorías de delitos, que deberán ser castigados con dureza por las normativas nacionales de cada país.
“Dejar que los violadores de la ley actúen con impunidad socava nuestro esfuerzo colectivo para proteger la naturaleza y la biodiversidad, luchar contra la crisis climática, reducir la contaminación y eliminar residuos”.
afirma Frans Timmermams por la Comisión Europea.
El proyecto de directiva señala entre los nuevos delitos al comercio ilegal de madera, el reciclado ilegal de barcos, la extracción ilegal de aguas, los vertidos de substancias tóxicas desde barcos, las violaciones graves de las normas sobre especies invasivas o las violaciones graves de la legislación sobre productos químicos. Las normativas nacionales sobre estos delitos son demasiado divergentes y tolerantes con los infractores.
El proyecto de directiva pretende poner fin a la impunidad contra crímenes medioambientales que grandes empresas cometen conscientes de que sólo afrontarán castigos de naturaleza administrativa.
Además incluye consideraciones sobre circunstancias agravantes que deberán tomarse en cuenta para imponer los castigos más duros.
Entre los castigos añadidos figuran la obligación de reparar el daño medioambiental causado, la exclusión de programas de ayuda pública, el retiro de permisos para ejercer la actividad, la liquidación judicial de la empresa o su cierre temporal.
Las personas responsables de delitos medioambientales que causen muertes o pongan en peligro la vida de las personas deberán ser condenadas además a una pena máxima de prisión de al menos 10 años, según el proyecto legislativo aprobado por la Comisión.
Sobre los daños irreparables
Entre las circunstancias agravantes de los delitos medioambientales figuran el haber provocado un daño irreparable, haber utilizado documentación falsa o haber obtenido un gran beneficio económico con la infracción. La directiva también establece períodos mínimos para evitar la prescripción de los delitos. En los casos más graves, podrán investigarse y castigarse al menos hasta 10 años después de haber sido cometidos.
Bruselas espera que la directiva obligue a los Estados a endurecer la persecución y castigo de los delitos medioambientales. Y señala como área de especial preocupación el tráfico ilegal de madera, rampante en países como Rumania. La Comisión señala que el tráfico ilegal de madera solo se castiga con penas de prisión en 17 de los 27 países de la UE.
Las sanciones también son demasiado bajas para los impulsores de proyectos inmobiliarios que no llevan a cabo un estudio de impacto medioambiental o que ejecutan las obras sin esperar la autorización necesaria.
FUENTE: El País.
