El área de extracción de minerales se encuentra bajo reserva minera, a raíz de la cancelación de un contrato en 2009.
A través de la resolución 123 del 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) incorporó al régimen de concesiones mineras 61.33 hectáreas ubicadas en Rambala, distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro.
La zona será usada por Bagatrac, S.A., empresa que presentó una solicitud ante la Dirección Nacional de Recursos Minerales para la extracción de minerales no metálicos en el área, con fundamento en un contrato que tiene con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para el diseño y construcción de los caminos Chiriquí Grande-Quebrada El Bajo, y Chiriquí Grande-Ballena, en Bocas del Toro.
La orden de proceder para los caminos se emitió el 19 de agosto de 2020, después de que se cumplieran las distintas etapas del proceso de licitación. De acuerdo con documentos del MOP, la obra implica la construcción de 9.21 kilómetros de vía, a un costo de $13.3 millones.
En la resolución del MICI, publicada en la Gaceta Oficial 29202, también se lee que el área de donde se dará la extracción de minerales se encuentra bajo reserva minera, a raíz de la cancelación de un contrato en 2009. El documento cita el artículo 30 del Código de Recursos Minerales, que establece que se convertirán en áreas de reserva (minera) todas las zonas que sean “desistidas o devueltas a la nación” en virtud de haber expirado o haber terminado las concesiones.
En noviembre pasado, el MICI extendió la vigencia de un contrato entre el Estado y el ex-vicepresidente de la República Felipe Alejandro Pipo Virzi López, para la extracción de piedra de cantera en corregimientos de Santiago, provincia de Veraguas. Según el documento del MICI, la prórroga es por 20 años, contados desde el 2 de septiembre de 2018. Virzi es miembro del oficialista Partido Revolucionario Democrático.
Empresa a la que se concede permisos de extracción de minerales, está vinculada con el caso Blue Apple
Bagatrac, S.A. es una de las empresas confesas de sobornar funcionarios (en la administración 2009-2014), a cambio de agilizar trámites y desembolsos por avance de obra.
Se trata de la trama judicial denominada Blue Apple. Uno de los ejecutivos de esta compañía confesó al Ministerio Público (MP) que depositó una docena de cheques a la cuenta de Blue Apple, por $3 millones. Por este caso, el MP solicitó juicio para 58 personas, pero no alcanza a los dueños de las empresas, pues llegaron a acuerdos con la fiscalía. La audiencia está programada para abril de 2021.
Fuente: La Prensa