La Ley 406 de 2023 que sancionó de forma abrupta el contrato minero ha encontrado múltiples oposiciones. Su más reciente opositor actúa a través de las vías de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una de las tres demandas de inconstitucionalidad presentadas hasta ahora contra la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato minero entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.
Se trata de la demanda que presentó el abogado Juan Ramón Sevillano el pasado lunes, que fue admitida por la magistrada María Eugenia López Arias, luego de verificar que cumple con todas las formalidades legales exigidas por el Código Judicial.
Ahora se correrá traslado al procurador de la Administración, Rigoberto González, para que emita su concepto. González tiene un plazo de hasta 10 días hábiles para enviar su opinión a la Corte. Seguidamente, se publicará un edicto para que, en el término de tres días (también hábiles), el demandante y “todas las personas interesadas en el caso”, presenten sus argumentos por escrito, a través de un abogado, explicó la CSJ en un comunicado emitido este jueves.
Una vez cumplida esta fase, la magistrada López, como ponente, examinará todos los escritos que se hayan recibido, elaborará un proyecto de fallo y lo compartirá con el resto de magistrados que conforman el pleno de la CSJ.
Hay otras dos demandas contra la Ley 406 de 2023, pendientes de su admisión o rechazo, presentadas por los abogados Ernesto Cedeño y Roberto Ruiz Díaz. La de Cedeño está en el despacho de la magistrada Miriam Cheng y la de Ruiz, en el de María Cristina Chen Stanziola. Si eventualmente las tres demandas son admitidas, correspondería que fueran acumuladas, quedando como ponente López, ya que fue ella la primera en adoptar decisiones en relación a la Ley 406.
Diversos grupos ciudadanos y gremiales están en las calles en protesta por el contrato con Minera Panamá, incluso desde antes que fuera aprobada la Ley 406.
La norma fue propuesta por el Ejecutivo, refrendada por el contralor Gerardo Solís el pasado viernes 13 de octubre y aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional el viernes 20 de octubre. Ese mismo día, el presidente Laurentino Cortizo la sancionó y promulgó en Gaceta Oficial. Las tres demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 fueron presentadas el lunes 23 de octubre.
Colaboración de Mónica Palm, Jefe editorial para Prensa.
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