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Francia ostenta el honor de ser el primer país europeo en impulsar la sostenibilidad a través de su defensa del “derecho a reparar”, la reutilización y la economía circular.
Para noviembre del pasado 2020, El Parlamento Europeo había aprobado su proyecto de ley en favor del ‘derecho a reparar‘, con 395 votos a favor, 94 en contra y 207 abstenciones.
A partir de entonces, entraría en marcha la ejecución de un plan que buscaba limitar los productos electrónicos de “un solo uso“, obligar a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto.
En enero de 2021, Francia fue el primer país en hacer valer este ‘derecho a reparar‘, como medida para estimular la sostenibilidad a través de la reutilización y reparación de teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos, así como la eliminación de prácticas que acortan la vida útil de dichos productos.
El plan de la UE busca evitar el consumo desenfrenado de tecnología y la sobreproducción de las empresas que, para aumentar sus ganancias, venden dispositivos con la obsolescencia previamente programada. En virtud de la ley, esta información debe ser brindada a los clientes de forma fehaciente desde el momento de la compra.
Francia empezó a implementar las llamadas ‘etiquetas de reparabilidad‘ esperando convertirlas en tendencia en otros países europeos después. Se trata de una etiqueta con una puntuación del 1 al 10 que por el momento se aplicará a lavadoras, portátiles, smartphones, televisores y cortadoras de césped.
El índice francés tiene como objetivo, para el próximo año 2024, transformarse en un índice que informe no solo sobre la reparabilidad, también sobre su fiabilidad y solidez a partir de criterios estandarizados para establecer esta distinción.
Los miembros del Parlamento Europeo (MEP) pidieron a la Comisión Europea el ‘derecho a reparar‘ de sus consumidores, sea con ampliación de garantía, como mediante piezas reemplazadas, junto a un plan de restauración sistemático y rentable, o con un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento.
Otra de las medidas que se contemplaron en el plan y cuya consolidación sigue pendiente es el diseño de un sistema de carga común para reducir los residuos electrónicos.
La necesidad de las medidas sobre la obsolescencia programada ya se hacían sentir en Europa. Así lo confirmaron encuestas que revelaron que un 77% de los ciudadanos de la Unión Europea preferiría reparar sus dispositivos antes que reemplazarlos y que un 79% cree que los fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar su arreglo o la sustitución de sus piezas individuales y una distinción especial para productos según su durabilidad.
Junto con esto, se reconoce la necesidad de que tanto el marketing como la publicidad sobre productos sean responsables. Es decir, si hay afirmaciones ecológicas en anuncios, se deben aplicar criterios comunes para respaldarlas.
Francia, además, ha propuesto nuevas reglas para la gestión de residuos electrónicos y suprimido obstáculos legales que impiden la reparación y reutilización de los dispositivos, políticas que benefician en gran medida al mercado secundario de materias primas.
La Unión Europea está impulsando su “etiqueta ecológica” para normalizar su uso por la industria y para concienciar a los consumidores. La participación activa de los gobiernos, a través de políticas públicas, es fundamental en la transición hacia la economía circular, ya que es gracias a la investigación y a las leyes que muchas veces se logran frenar prácticas empresariales que afectan al ambiente y a la sociedad.
FUENTE: Instagram / Carbono News / Xataka.
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