Más de treinta organizaciones ambientales y/o vinculadas a las ciencias naturales manifiestan el rechazo a la exclusión de las organizaciones de investigación científica y las ONG de carácter ambiental marino como parte de la Comisión Nacional de Pesca Responsable.
El pasado viernes 23 de octubre, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 13 de 2020, que regula la Pesca y la Acuicultura en la República de Panamá, desoyendo los llamados de los grupos ambientales y científicos por evitar que se adoptase la redacción propuesta para el artículo 152, que amplía la participación de los representantes del sector pesquero, a expensas de la representación de las organizaciones de investigación científica, de las ONG de carácter ambiental marino, y del Ministerio de Ambiente. La redacción aprobada, además, le resta liderazgo a la ARAP como autoridad rectora, al eliminar su rol de Presidente de la Comisión y designarle el de Secretaría de la Comisión.
Con la estructura adoptada, la Comisión Nacional de Pesca Responsable, entidad encargada de generar políticas y prácticas para regular la actividad pesquera, queda dominada y controlada por casi exclusivamente el propio sector pesquero. Bajo esta nueva estructura, los regulados toman el control del ente regulador alejándose de los balances que buscan promover una gestión eficiente y sostenible de los recursos pesqueros a través del apoyo de la ciencia y la participación. De ser aprobado este artículo tal y como está, tornaríamos a esta comisión en una figura acéfala, sesgada, desregulada ambientalmente, cuya composición ni siquiera garantiza las condiciones necesarias para una adecuada participación de todos los sectores allí representados. Esta comisión es un escenario donde se necesita más que nunca la participación de los sectores científico y ambiental, para garantizar la sostenibilidad de la pesca.
Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo, así como al propio sector pesquero, para que no se retrase el esfuerzo de adoptar la nueva Ley de Pesca. Esta acción atenta contra el principio de no regresión en materia ambiental reconocido en nuestra jurisprudencia por la Corte Suprema y además desconoce compromisos internacionales adoptados por el país en materia de participación pública tan importantes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 14) y el Acuerdo para el Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en asuntos ambientales. Reiteramos la necesidad de impulsar un equilibrio y manejo justo en todas las decisiones vinculadas a los recursos pesqueros y sus ecosistemas interelacionados sometidos ya a grandes presiones. Este manejo requiere del fortalecimiento de la institucionalidad y de la labor conjunta intersectorial para buscar enfoques integrales a los desafíos actuales.
La pesca responsable debe incluir una contraparte científica
En el 2020, el Diagnóstico integral del sector pesca y acuicultura de la República de Panamá realizado por el BID reconoció que:
Las exportaciones de pescados y mariscos desde Panamá disminuyeron de USD 425.6 millones en el 2005 a USD 111.5 millones en el 2018, que equivale a una caída del 73.8 %. De manera consecuente, la importancia de las exportaciones de pescados y mariscos con respecto al total de mercaderías exportadas cayó del 44.2 % en el 2005 al 16.6 % en el 2018. Estas caídas se relacionan estrechamente con la disminución de la producción pesquera del país, que cayó de 272,281 toneladas en el 2005 a 185,992 toneladas en el 2018, cifras que evidencian una contracción del 31.7 %.
Se asume que esta disminución de la productividad y competitividad en el sector pesquero y acuícola fue ocasionada por la sobreexplotación de las especies costeras – marinas (C&M), la contaminación de los ecosistemas C&M, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y el cambio climático. Un 60 % de los pescadores artesanales entrevistados considera que hoy hay menos pesca” (Lo resaltado es nuestro).
Por todo lo anterior hacemos un llamado para que la Asamblea Nacional en segundo debate modifique este artículo 152, restituyendo a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá como Presidente de la Comisión y restituyendo la participación de los representantes de las organizaciones no gubernamentales y de investigación científica. Los contrapesos pueden parecer incómodos, pero son necesarios para la toma ponderada de decisiones.
Más información: Comunicarse con Magdalena Velázquez, Gerente de Comunicaciones Fundación MarViva Panamá. Tel: (507) 317-4350 / 6673-4246 magdalena.velazquez@marviva.net / www.marviva.net
