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Todos somos IGUALES, pero ¿algunos somos más iguales que otros?

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Lamentablemente en Panamá,  en pleno siglo XXI, parece que todavía hay unos más iguales que otros. Garantizar que se reconozcan y respeten los derechos humanos de las minorías, incluido el movimiento LGTB,  es el norte de la Fundación Iguales.

Los derechos humanos son los que corresponden naturalmente a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Entonces, ¿por qué si todos somos iguales, algunos tratamos o queremos ser tratados como más iguales que otros? ¿Qué nos pasa como especie que anteponemos nuestros prejuicios y somos muchas veces incapaces de generar empatía con aquellos que son diferentes o piensan distinto?

Desde el momento en que me reuní para esta entrevista, con Ivan Chanís y Jairo Quintero, Presidente y Director de la Fundación Iguales, una idea que ellos plantearon retumba en mi cabeza: Nadie escoge ser LGTB y mucho menos con todos los miedos, desafíos, rechazos, injusticias y la crueldad  que deben sobrellevar por decidir asumir su orientación sexual.

Las siglas LGTB se corresponden con lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Cada uno de estos colectivos tiene su propia identidad sexual y a pesar de la singularidad de cada colectivo, todos ellos comparten algunos elementos en común: han sido históricamente rechazados y perseguidos, reivindican una actitud hacia ellos más tolerante por parte de la sociedad en su conjunto e intentan que las leyes reconozcan sus derechos. Por este motivo, se habla de una comunidad general como la LGTB.

Constantemente los activistas e investigadores LGBT utilizan el porcentaje aproximado de 10% que se maneja desde la década de los 70 derivado de los estudios de Kinsey y otros autores de Estados Unidos, para contabilizar el porcentaje de LGTB en el mundo. Sin embargo ésta no es una cifra aceptada mundialmente ni con bases rigurosamente científicas. Algunos países han empezado a preguntar ¿cuál es la orientación sexual de sus habitantes? en algunos estudios pero todavía no se conocen cifras oficiales, por no registrarse en los censos generales de población, además está la cantidad de personas que todavía no se atreven a decirlo,  ni siquiera a aceptarlo.

Nadie se opone  si a una chica le gusta un gordito o flaquito, negrito o blanquito, joven o viejo, pobre o rico, bonito o feo, si viven juntos o se casan, si se divorcian o viven felices. Total,   es su vida y no la nuestra. Entonces ¿por qué dos personas que se aman, solo por ser del mismo sexo, no pueden casarse y contraer los deberes y derechos que regula el matrimonio?

A pesar de los Tabués, más del 70% de los ciudadanos del continente americano Americano vive en un territorio donde se permiten las uniones entre parejas del mismo sexo. En Suramérica, Argentina fue el primer país en legalizarlas, seguido de Brasil, Uruguay y Colombia y con avances significativos en Chile. También es legal en Canadá, Estados Unidos y México, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, territorios de Francia y los Países Bajos, representando al Caribe. Centroamérica es entonces la única región americana donde en ningún país se aceptan estas uniones.

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El abogado y exdiplomático, Iván Chanis nos explica que actualmente se discuten ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá, 3 casos en donde 3 panameños casados en el exterior piden se reconozcan en su país natal, sus derechos matrimoniales, alegando la inconstitucionalidad de las leyes que establecen que el matrimonio solo es entre “un hombre y una mujer” o bien prohíben, expresamente, el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Para Chanis: “La Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene en sus manos una decisión histórica para sus ciudadanos, donde Panamá siendo un referente del desarrollo económico de la región, puede también convertirse en un referente de inclusión y diversidad, cimentado en el respeto a derechos fundamentales de todos sus ciudadanos sin distinción”.

“El negar acceso a la institución y protección del matrimonio civil es una directa violación del principio de no discriminación al fundamentarse en una retrógrada estigmatización de las personas LGBTI basada en la orientación sexual”. Iván Chanis

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Por su parte, el médico Jairo Quintero, nos explica que estos casos son sumamente importante no solo para el desarrollo social de Panamá y el fortalecimiento del sistema derechos humanos, sino también para salvaguardar la vida y el desarrollo integral de las personas en la región centroamericana, que es la región americana junto con el Caribe, con los peores índices de violencia y discriminación contra las personas con orientación sexual diversa.

“Si bien somos una región en donde ya no existen las leyes anti sodomía (siendo Panamá el último país de Latinoamérica en despenalizarla en 2008) lastimosamente, se registran graves niveles de violencia y discriminación y hasta sistemáticos asesinatos de personas LGBTI, especialmente mujeres trans, en países como Honduras, Guatemala y el Salvador, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

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La CIDH señaló, en su informe del 2015, sobre la “Violencia contra personas LGBTI“: “La violencia generalizada, los prejuicios y la discriminación en la sociedad en general y dentro de la familia, obstaculizan las posibilidades de que personas trans tengan acceso a educación, servicios de salud, vivienda y al mercado laboral formal”. La agresión, discriminación y estigmatización que las personas trans sufren las inserta en un ciclo de exclusión que tiende a culminar en la pobreza, en función de la falta de acceso a servicios básicos, oportunidades educativas y laborales y prestaciones sociales.

Este ciclo de exclusión comienza generalmente desde muy temprana edad, debido al rechazo y violencia sufrida por niñas/os y adolescentes trans y de género diverso en sus hogares, comunidades y centros educativos. Esta situación tiende a impedir que este grupo acceda y complete los diferentes niveles educativos, lo cual impacta negativamente sobre su calidad de vida.

En el informe presentado en 2015 por la CIDH, titulado Violencia contra personas LGTBI,  se expresa preocupación por los altos índices de violencia que se registran contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), o aquellas personas percibidas como tales, en el continente americano, y la ausencia de una respuesta estatal eficiente frente a dicha problemática.

Esto se evidencia en la falta de adopción de medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia cometidos contra personas LGBTI, de acuerdo al estándar de debida diligencia. Mientras que la CIDH reconoce que se registran avances en algunos Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, la violencia contra personas LGBTI continúa ocurriendo de manera generalizada en todo el continente americano.

En diciembre del 2014 la Comisión Interamericana publicó los resultados de su Registro de Violencia contra personas LGBT en América, una herramienta utilizada para conocer y dar visibilidad a los niveles alarmantes de violencia que enfrentan las personas LGBT en América. La CIDH observó que durante un período de quince meses (entre enero de 2013 y marzo de 2014), se cometieron al menos 770 actos de violencia contra personas LGBT,  incluyendo 594 asesinatos.

Los actos de violencia contra las personas LGBT o aquellas que son percibidas como tales, son particularmente crueles y algunos se caracterizan por niveles superiores de sevicia a la que se presenta en otros crímenes de odio. Chanis señala que actualmente la cifra de actos violentos contra personas LGTBI en el Triangulo Norte se calcula en 10 diarios y sigue en aumento.

Otro aspecto de la discriminación, muchas veces ignorada, es la que sufren las personas con VIH. El estigma social, mayormente debido a falta de educación e información sobre el tema, tiene graves consecuencias, incluyendo el suicidio, sobre todo en la población más joven.

Es comprensible que una persona opte por el silencio sobre un tema por el que puede ser discriminada. Fundación Iguales desea resaltar, entonces, la necesidad de un plan educativo integral, porque es necesario para acabar con la discriminación; pero también por el derecho básico y global de todo ser humano a la información. El llamado es para que trabajemos como sociedad en generar espacios en donde se respeten las individualidades y se promueva la aceptación de las diferencias.

Más artículos similares los puedes seguir leyendo en nuestro inicio, Somos Impacto Positivo.

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