¿Será que en este gobierno no hay voluntad política para declarar a Isla Boná como área protegida? Dadas las demoras, muchas preguntas siguen sin respuesta.
¿Será que políticamente es más fácil, después de tantos escándalos ambientales en los últimos meses, dejar que la responsabilidad recaiga en el gobierno entrante? o peor aún, ¿será que están apostando a que se nos olvide el tema para meternos un “golazo” por debajo de la mesa?
Desde el 25 de mayo de este año, el presidente Varela tiene en su poder el borrador del Decreto Ejecutivo presentado por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) para que declare Isla Boná como área protegida, la única manera de evitar que en un futuro los intereses económicos prevalezcan sobre los ecológicos y sociales.
Sin embargo, hasta el día del cierre de esta edición, 12 de junio, aún no ha pasado nada, a pesar del compromiso público del presidente de incluir la discusión del Proyecto de Ley 773 de 2019, en los debates extraordinarios antes del cambio de Gobierno.
Entendiendo la situación de Isla Boná
Tras varias semanas de manifestaciones y gran apoyo mediático, se logró el pasado 25 de abril, por votación unánime, que el Consejo Económico Nacional (CENA) dejara sin efecto la solicitud de arrendamiento parcial de Isla Boná a favor de la empresa Bona Pacific Corp, con lo cual se frena, al menos por el momento, la construcción de un proyecto de almacenamiento y despacho de combustible y derivados del petróleo en Isla Boná.
La Isla Boná en el Pacífico panameño se encuentra, aproximadamente, a 9.1 millas de Punta Chame, a 24 millas de la Isla de Taboga.
El acuerdo, firmado en enero de 2018 entre la Alcaldía de Taboga y la Empresa, arrendaba por 20 años prorrogables 34.7 hectáreas de las 74.7 hectáreas con las que cuenta la isla y, además se comprometía a otorgar a la Empresa la opción preferente de arrendamiento o compra del resto.
Con planes de inversión por en la primera fase del proyecto y otros $120 millones en la segunda fase, la Empresa pagaría en total un canon de arrendamiento por la suma de $1.725.156, a razón de $7.188 en pagos mensuales a la Alcaldía.
Los trabajos, en ambas fases, consistirían en obra civil, instalación de tanques, tuberías y la construcción de muelles. Un proyecto con un impacto ambiental sumamente negativo en un territorio que alberga gran biodiversidad y con un gran potencial turístico.
Isla Boná es importante para la pesca y la vida marina de la que dependemos todos los panameños. Además, representa un atractivo turístico para la observación de aves, avistamiento de ballenas y delfines, buceo y pesca, actividades de las cuales comunidades aledañas a la Isla podrían beneficiarse de una manera sostenible.
Por esta razón desde septiembre del 2018, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, recomendó declarar la Isla, como Refugio de Vida Silvestre.
Sin embargo, no fue sino hasta el 27 de marzo de 2019, que el Diputado Luis Barria presentó el anteproyecto de Ley para declarar Isla Boná como área protegida, tras la presión ciudadana ejercida por las organizaciones ambientales, que demandaban su protección, ante el desarrollo del proyecto de la petroterminal.
Finalmente, el 23 de abril del 2019, casi un mes después de su presentación, debido a varios retrasos por falta de quorum, la Comisión de Ambiente de la Asamblea prohijó el anteproyecto de ley No. 167, que declara Isla Boná como área protegida.
Producto de una fuerte matriz mediática en la población, el prohijamiento se da un día después de que CIAM organizara una manifestación frente a la Asamblea para la aprobación del anteproyecto.
Fundación Tortuguías, CIAM y otras organizaciones ambientales advirtieron, el día 24 de abril, que casualmente el Secretario General de la Asamblea no devolvió el Anteproyecto de ley prohijado para su discusión en el primer debate.
Al no realizarse este primer debate, por falta de quorum, el presidente Varela anunció que su discusión se incluiría en las sesiones extraordinarias de la Asamblea; ya que el anteproyecto requiere de su discusión y aprobación en tres debates, para ser finalmente aprobado y las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional concluían el 30 de abril, sin posibilidad alguna para debatir la Ley.
Ante esta lucha contra el tiempo, un grupo de ambientalistas, también presentaron el día 25 de abril, una petición al presidente Varela, para que mediante decreto ejecutivo declarará a la Isla como área protegida.
Hasta estos momentos, no se incluyó el debate del Proyecto en las sesiones extraordinarias. No se ha firmado el borrador de decreto ejecutivo presentado por CIAM, a Varela.
El alcalde de Taboga presentó una nueva solicitud de arrendamiento. La Empresa no ha desistido del Proyecto, incluso en el portal de Panamá Compra la solicitud refleja: “por autorizar”.
Por todo esto, no nos queda claro ¿cualés son los intereses detrás del caso de Isla Boná? Quizás nuestras interrogantes podrían sonar parcializadas para algunos, sin embargo, desde A&R solo buscamos respuestas, ya que nuestro compromiso es con la búsqueda de la verdad para la protección del medio ambiente.
Esta parece ser una carrera de resistencia, seguiremos haciéndole seguimiento al Proyecto de Ley para la declaración de Isla Boná como área protegida y al proyecto de la petroterminal, para que no termine ejecutándose con otro nombre o en otra isla, sin el estudio de impacto ambiental necesario.
Queremos ecosistemas sanos. La vida silvestre es un legado para futuras generaciones. Isla Boná: Una lucha de todos.