Las historias panameñas y dominicanas tienen más en común de lo que los mapas sugieren: raíces afrocaribeñas, identidades mestizas, paisajes tropicales y una vitalidad cultural que pocas veces ha encontrado el respaldo institucional que merece. Eso empieza a cambiar. El 4 de octubre de 2026, los gobiernos de Panamá y República Dominicana firmaron un convenio de coproducción cinematográfica y audiovisual que establece las bases legales, financieras y técnicas para que ambas industrias trabajen juntas, compartan recursos y lleven sus historias a nuevos mercados internacionales. Panamá y República Dominicana firman un convenio de coproducción cinematográfica bilateral que tendrá vigencia de ocho años y podría redefinir la escala de ambas industrias audiovisuales.
Dónde y cómo ocurrió la firma
El convenio fue suscrito durante la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, evento en el que Panamá participa este año como País de Honor, en las instalaciones del Ministerio de Cultura dominicano.
Los firmantes fueron la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y el ministro de Cultura de República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo. El instrumento fue elaborado de manera conjunta entre las Direcciones de Cine de ambos países, lo que garantiza que el acuerdo responde a necesidades identificadas directamente por los operadores de la industria.
El contexto de la Feria del Libro no es accidental: firma un acuerdo cinematográfico en un evento dedicado a la cultura y la narrativa envía un mensaje sobre la visión que comparten ambos países, donde el audiovisual es también una forma de construir y proyectar identidad.
Qué establece el convenio: las reglas del juego
El núcleo del acuerdo es una equiparación legal de alto valor para cualquier productor: las obras realizadas bajo este régimen de coproducción gozarán de la consideración de producción audiovisual nacional en ambos territorios. Eso significa acceso a fondos públicos, beneficios fiscales y cuotas de pantalla como si fueran producciones locales en cada país, duplicando las oportunidades de financiamiento y distribución desde el origen.
Las reglas de participación son flexibles dentro de un marco claro: las aportaciones económicas, técnicas y artísticas de cada coproductor podrán oscilar entre el 20% y el 80% del presupuesto total de la obra, y la participación del personal técnico, autoral y artístico deberá guardar proporcionalidad con la inversión financiera aportada por cada parte.
La ministra Herrera resumió el espíritu del acuerdo con precisión:
“Este convenio representa un valioso instrumento de cooperación entre dos instituciones y una herramienta para que nuestros productores, directores, guionistas y profesionales del audiovisual puedan encontrar nuevas oportunidades de colaboración, unir capacidades, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y lograr que nuestras historias lleguen a nuevos mercados internacionales”.
Los beneficios operativos que facilitan la colaboración real
Más allá del reconocimiento legal, el convenio incluye medidas concretas que reducen la fricción operativa de trabajar entre dos países:
- Exención de restricciones para la importación, distribución y exhibición de las piezas coproducidas.
- Facilidades para el ingreso temporal de equipos técnicos y la permanencia de personal especializado en ambos países.
Dos obstáculos que históricamente han complicado las coproducciones internacionales —la burocracia aduanera y las restricciones migratorias para equipos técnicos— quedan explícitamente atendidos en el texto del acuerdo.
Más allá de la producción: datos, archivo y digitalización
El convenio también contempla dimensiones que van más allá de la producción de nuevas obras. Incluye un compromiso de colaboración entre observatorios del sector para el intercambio de datos estratégicos de la industria, y una iniciativa de digitalización y preservación conjunta de programas de archivo cinematográfico.
Ese último punto tiene un valor cultural que es fácil subestimar: el patrimonio audiovisual de ambos países —documentales, noticieros, cortometrajes, largometrajes de décadas pasadas— corre el riesgo de deteriorarse o perderse si no se digitaliza.
Una colaboración para preservarlo conjuntamente es también una forma de cuidar la memoria colectiva de dos naciones.
La vigencia: ocho años con renovación automática
El acuerdo entra en vigor a partir de su firma por la vía diplomática y mantiene una vigencia de ocho años, renovable de forma automática por períodos de igual duración. Es una señal de compromiso de largo plazo, no de un gesto diplomático puntual: ocho años es tiempo suficiente para que productores y directores de ambos países construyan proyectos conjuntos, accedan a fondos, produzcan obras y evalúen resultados.
Dos industrias que se necesitan y ahora tienen el marco para crecer juntas
La industria cinematográfica panameña y la dominicana comparten desafíos similares: mercados internos pequeños, necesidad de acceder a financiamiento internacional y la ambición de que sus historias lleguen más lejos. Este convenio no resuelve esos desafíos por sí solo, pero crea el marco legal y operativo para que la colaboración sea posible, predecible y mutuamente beneficiosa.
Y hay algo más en juego: cuando dos países del Caribe y Centroamérica deciden contar historias juntos, el resultado puede ser una mirada al mundo que ninguno de los dos podría construir solo.
FUENTE / IMÁGENES: Al Día Panamá.
IMÁGENES ADICIONALES: MiCULTURARD.
¿Crees que este tipo de acuerdos de coproducción cinematográfica son el camino para que el cine latinoamericano gane presencia internacional? ¿Qué tipo de historias te gustaría ver producidas bajo una colaboración entre Panamá y República Dominicana?
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