Hay una imagen que probablemente todos hemos visto: un niño con mirada perdida, vientre hinchado y moscas en el rostro, acompañado de un número de cuenta bancaria y una voz en off que pide donaciones. Durante décadas, ese tipo de recurso visual fue el estándar de las campañas humanitarias. Una nación africana acaba de decir que ya es suficiente mediante nueva prohibición. Desde este mes, el gobierno de Burkina Faso prohíbe el uso de imágenes de vulnerabilidad de personas en situaciones sobrecogedoras, que invadan su privacidad o menosprecien su dignidad y sus derechos humanos cuando se utilizan en campañas públicas de solidaridad y recaudación de fondos.
No es una prohibición de fotografiar la realidad — es una regulación sobre cómo esa realidad puede ser explotada comercialmente con fines caritativos.
Qué dice exactamente el decreto y qué no dice
Antes de entrar en el análisis, conviene ser precisos: la medida ha circulado en redes sociales bajo el titular simplificado de que Burkina Faso «prohibió la pornopobreza», y eso merece una aclaración.
Lo que aprobó el Consejo de Ministros el 2 de julio de 2026 — y anunció oficialmente el Ministerio de la Familia y la Solidaridad el 7 de julio — es un decreto que regula las campañas humanitarias en el país. Sus puntos clave:
- Cualquier llamado público a la solidaridad o campaña de recaudación destinada a personas vulnerables requerirá autorización previa de las autoridades.
- Queda prohibido el uso de imágenes y videos que atenten contra la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de los beneficiarios.
- Las infracciones estarán sujetas a sanciones conforme a la legislación vigente.
No se trata de criminalizar el fotoperiodismo ni de prohibir documentar crisis humanitarias. Es una regulación específica sobre el uso de esas imágenes en campañas de recaudación de fondos. Una distinción importante.
La pornopobreza: un problema con nombre propio
El término poverty porn — o pornopobreza — lleva años en el vocabulario crítico de las organizaciones de derechos humanos, los estudios postcoloniales y el periodismo especializado. Se refiere al uso sistemático de imágenes de sufrimiento extremo, mayoritariamente de personas africanas o de países en desarrollo, como herramienta de marketing emocional para captar donaciones.
La crítica va más allá de lo estético. Estos enfoques tienden a:
- Reducir a comunidades enteras a su condición de vulnerabilidad, invisibilizando su diversidad cultural, su resiliencia y sus propias capacidades.
- Reforzar estereotipos coloniales que presentan a África como un continente pasivo, dependiente del rescate externo.
- Convertir el sufrimiento ajeno — especialmente el de niños — en un recurso comunicativo al servicio de organizaciones que en muchos casos operan con lógicas de marca.
Lo paradójico es que estas estrategias han demostrado ser efectivas en términos de recaudación. Y esa efectividad es precisamente lo que las ha perpetuado durante décadas.
La plataforma DƐME SIRA: la alternativa oficial
El decreto no solo prohíbe — también propone un canal alternativo. El Gobierno exhortó a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, socios de cooperación e influencers a canalizar sus iniciativas a través de DƐME SIRA, la plataforma nacional diseñada con tres objetivos concretos:
- Garantizar la transparencia y trazabilidad de las contribuciones.
- Proteger la identidad y dignidad de los beneficiarios.
- Asegurar el acompañamiento de los servicios sociales competentes.
La mención a influencers es intencional. Burkina Faso está entre los países africanos en los que prolifera una forma de activismo digital que documenta situaciones de vulnerabilidad, acumula seguidores y recauda fondos a través de redes sociales, con poca supervisión sobre el destino de los recursos o el consentimiento de los protagonistas.
Un marco regulatorio más amplio
El decreto forma parte de una reforma más amplia para las ONG y organizaciones humanitarias que operan en el país e implica:
- Un sistema de acreditación para entidades que realizan intervenciones humanitarias.
- Seguimiento de los recursos movilizados y mayor coordinación con las prioridades nacionales.
- Promoción de la adquisición local de bienes destinados a la asistencia humanitaria.
- Fomento de que una parte significativa de los fondos se destine a proyectos de recuperación temprana.
El conjunto de medidas apunta a un rediseño del modelo de ayuda humanitaria en el país: menos dependencia de actores externos sin supervisión, más soberanía sobre cómo se representa y gestiona la vulnerabilidad nacional.
El debate que abre esta regulación
La medida no ha estado exenta de controversia, y sería ingenuo ignorar las tensiones que genera. Por un lado, sus defensores argumentan que la solidaridad construida sobre la exposición del sufrimiento ajeno no es solidaridad — es explotación con buenas intenciones. Que los niños y adultos en situación de vulnerabilidad tienen derecho a la privacidad, a no ser convertidos en símbolos de compasión sin su consentimiento, y a ser reconocidos como individuos con capacidades y futuro.
Por otro lado, algunos sectores advierten que las nuevas restricciones podrían dificultar la documentación de crisis o frenar la movilización internacional de recursos en momentos de emergencia. La pregunta legítima es: ¿dónde está la línea entre proteger la dignidad y limitar la transparencia sobre situaciones reales?
La respuesta, probablemente, está en cómo se implemente el decreto en la práctica y en la solidez del sistema alternativo que el Gobierno propone.
Lo que Burkina Faso dice al mundo
Más allá de las fronteras del país, este decreto lanza un mensaje que el sector humanitario global lleva años esquivando: que la forma en que se comunica la vulnerabilidad tiene consecuencias reales sobre la dignidad de las personas y sobre los imaginarios colectivos que construimos alrededor de la pobreza y el desarrollo.
Organizaciones como la Comisión de las Imágenes de la Solidaridad en Europa o iniciativas como los Principios de Imagen y Mensajes del sector INGO llevan tiempo promoviendo estándares éticos similares de forma voluntaria. Burkina Faso da el paso de convertirlos en obligación legal. Ese salto — de la ética voluntaria a la norma jurídica — es lo que hace esta decisión históricamente significativa.
Solidaridad con dignidad o no es solidaridad
El decreto de Burkina Faso abre un debate que trasciende al continente africano. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de narrativas estamos dispuestos a aceptar cuando se trata de movilizar recursos para quienes más los necesitan, y a quién le corresponde definir los límites.
FUENTE / IMÁGENES: El Hilo / Lefaso / InTriper.
IMÁGENES ADICIONALES: Pexels / Africarivista.
¿Crees que regulaciones como esta deberían adoptarse a nivel internacional para todas las campañas humanitarias? ¿O el riesgo de limitar la documentación de crisis es demasiado alto como para legislar en este terreno? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta nota para que más personas conozcan un debate que, aunque ocurre en Burkina Faso, nos interpela a todos.