La ratificación de al menos 60 países fue un impulso para la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar. La efectividad de su marco legal de protección dependerá de la voluntad y el compromiso de los involucrados.
Durante décadas, la alta mar —las zonas del océano fuera de la jurisdicción de los Estados— fue uno de los espacios menos regulados del planeta. A pesar de su importancia para el clima, la biodiversidad y la economía global, su protección dependía de normas fragmentadas y voluntades dispersas.
La adopción del Tratado de Alta Mar en 2023 marcó un punto de inflexión.
Por primera vez, la comunidad internacional acordó reglas comunes para proteger la biodiversidad en más de dos tercios del océano, reconociendo que estos ecosistemas sostienen la vida en el planeta, incluso lejos de nuestras costas.
Sin embargo, la adopción de un tratado no es suficiente para que sus disposiciones sean obligatorias. Para ello, era necesario un proceso posterior de ratificación por parte de los Estados, mediante el cual cada país acepta formalmente quedar jurídicamente vinculado al acuerdo. En el caso del Tratado de Alta Mar, se estableció como requisito mínimo la ratificación de 60 países para que pudiera entrar en vigor.
Ese umbral se alcanzó en 2025, y tras el período establecido en el propio acuerdo, el tratado entró oficialmente en vigor en enero de 2026. Este paso es clave: a partir de ese momento, los Estados que lo han ratificado tienen obligaciones concretas y pueden comenzar a implementar sus disposiciones, incluyendo la creación de áreas marinas protegidas en alta mar y el desarrollo de mecanismos de seguimiento y cumplimiento.
Alcance y relevancia del tratado
El tratado introduce herramientas fundamentales: la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar, la obligación de evaluar los impactos ambientales de las actividades humanas y principios de equidad en el acceso y uso de los recursos genéticos marinos. Pero su valor va más allá de lo técnico. La entrada en vigor del acuerdo confirma que la comunidad internacional está dispuesta a pasar del compromiso político a la acción concreta.
Este proceso envía un mensaje poderoso: la sostenibilidad ya no puede limitarse a las fronteras nacionales. Los desafíos ambientales actuales —pérdida de biodiversidad, crisis climática y degradación de ecosistemas— requieren cooperación, ciencia y responsabilidad compartida, respaldadas por marcos legales efectivos. Para el sector productivo, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, el Tratado de Alta Mar es una señal clara del rumbo global.
Los mercados, los consumidores y las finanzas están alineándose con marcos que premian la transparencia, la prevención de impactos y la coherencia entre discurso y práctica. La ratificación del tratado refuerza esta tendencia y anticipa regulaciones, estándares y expectativas más exigentes a lo largo de las cadenas de valor.
Proteger la alta mar no es sólo una decisión ambiental. Es una apuesta por un modelo de desarrollo que entiende que cuidar los bienes comunes es una condición para la estabilidad económica y social, y que la gobernanza global es indispensable para enfrentar los retos del siglo XXI.
Colaboración de Carol Simon, directora y fundadora de Eco Ideas.
FUENTE / IMÁGENES: Nota de prensa.
Sobre el Tratado de Alta Mar…
